AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
AC7389-2017
(Aprobado en sesión de doce de julio de dos mil diecisiete)
Bogotá, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).
Decídese sobre la admisión del escrito que sustenta el recurso de casación interpuesto por Antonio Marín Salazar, frente a la sentencia de 7 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil, dentro del proceso que promovió en contra de Gloria Inés Ortiz Franco.
1. Al tenor de la demanda, el promotor solicitó que, en razón de la sentencia del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga, demostrativa de la actuación dolosa de la demandada, se condenara a ésta al pago de $980.000.000 por daño patrimonial, y el máximo permitido por los perjuicios morales.
2. En compendio (folios 61-69 del cuaderno 1), el accionante sustentó sus pretensiones en que, el 30 de abril de 2013, en desarrollo de un proceso reivindicatorio, se emitió sentencia en que se le ordenó entregar a José Maximino Castiblanco Salazar una franja del lote de terreno que previamente había adquirido de la accionada, junto con los frutos civiles calculados en $946.356.877.
En esta providencia judicial, se puso de presente que Gloria Inés Ortiz Franco enajenó tierras en cantidad superior a las que previamente había adquirido, a través del otorgamiento de escrituras públicas de englobe, aclaración y división.
Coligió que la convocada realizó maniobras engañosas en el proceso de compra y venta de los inmuebles, lo que derivó en que fuera condenado a la restitución.
Sostuvo que se vio obligado a transigir los efectos de la sentencia el 13 de febrero de 2015, a través del pago de $900.000.000, para recuperar la tierra que antes había adquirido, por una conducta fraudulenta y de mala fe de Gloria Inés Ortiz Franco.
3. Notificada la encausada se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de inoponibilidad, caducidad de saneamiento por evicción, y prescripción extintiva (folios 120-129 ibidem).
4. El Juzgado Octavo Civil de Bucaramanga, el 2 de agosto de 2016 (folios 162-163 ibidem y Cd audiencia art. 372-373 C.G.P.), declaró prósperas las excepciones de prescripción y caducidad.
5.1. Después de precisar la tipología y los requisitos de la responsabilidad civil, señaló que los hechos que soportan las pretensiones dan cuenta de una reclamación por evicción parcial, que encaja dentro de la contractual.
5.2. Abordó los efectos de la venta de cosa ajena y del saneamiento por vicios de derecho, encontrando que, la ausencia de citación de la vendedora en el proceso reivindicatorio, trunca el reconocimiento de las súplicas de la demanda.
5.3. Por sustracción de materia, no estudio las defensas propuestas.
6. Interpuesto el recurso de casación en tiempo, se sustentó el 26 de mayo de 2017 (folios 8-23 del cuaderno Corte), el cual contiene tres (3) ataques por violación de la ley sustancial, los que serán inadmitidos por desconocer los requisitos de técnica exigidos para este remedio extraordinario.
CARGO PRIMERO
Se acusó la sentencia, con base en la causal primera de casación, de violar los artículos 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1893, 1894, 1895, 1896, 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904 del Código Civil, 165, 166, 167, 176, 196, 244, 250, 257 y 260 del Código General del Proceso, por error de derecho al desechar el mérito probatorio de la sentencia dictada por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga, el contrato de transacción y los interrogatorios de parte.
Lo anterior, porque no se hizo una revisión detenida de las pruebas, sino que el Tribunal se centró en el análisis de la evicción, «sin tener en cuenta que el proceso materia de su estudio, no es, ni era, el resultado de una responsabilidad contractual, sino de una acción autónoma, como lo es la indemnización de perjuicios con fundamento en la citada sentencia» (folio 17 ibidem).
Manifestó que los temas sobre el saneamiento fueron decididos en el proceso reivindicatorio, por lo que no es posible atentar contra la cosa juzgada, de allí que ahora se promoviera una acción indemnizatoria basada en la concurrencia de un obligación protegida, un daño y una relación causal. Por ello, «[a]l no examinar el Tribunal la acción de perjuicios, le quitó toda la eficacia jurídica a las pruebas atrás señaladas y desconoció las normas de derecho sustancial en la valoración probatoria infringiendo las normas que regulan su producción, conducencia, eficacia y necesidad» (folio 17 ibidem).
Afirmó que se conculcó su derecho de acción, porque no hubo un pronunciamiento claro, concreto y preciso sobre los medios demostrativos, además «no examinó o apreció las pruebas en conjunto, esto es, ninguna de las pruebas practicadas en el proceso» (idem), pues se centró exclusivamente en los contratos de compraventa.
Reiteró que la acción de resarcimiento tiene su origen en la providencia que ordenó la reivindicación, que condujo a la suscripción de una transacción para proteger el patrimonio del demandante, afectado por las maniobras engañosas de Gloria Inés Ortiz Franco.
CARGO SEGUNDO
Al amparo de igual causal y normas violadas, reprochó un pifia de hecho por pretermisión de las pruebas documentales aportadas al proceso y de los interrogatorios de parte, así como por suposición de otras.
Cuestionó que no se hiciera un análisis detenido de las pruebas señaladas en la censura anterior, base de la pretensión resarcitoria, «resolviendo en su lugar confirmar la decisión de instancia declarando probada la excepción de caducidad de la acción de saneamiento por evicción» (folio 19 ibidem).
Objetó que se afirmara que no se hizo uso de las acciones por evicción o de la denuncia del pleito en el proceso reivindicatorio, «cuando se trata éste de una cosa juzgada no susceptible de análisis ni de examen» (idem), por lo que supuso las pruebas de estas omisiones, en tanto la sentencia ni siquiera menciona estos tópicos. Tampoco hay demostración de la caducidad de la referida acción.
CARGO TERCERO
Con base en igual causal y disposiciones conculcadas, endilgó yerro de hecho en la apreciación de la demanda, porque en ésta se relataron las maniobras fraudulentas que ocasionaron un perjuicio al demandante; de allí que, una revisión de la acción de saneamiento resulta alejada de los hechos, las pretensiones y la acción promovida con la demanda.
Señaló que las excepciones se propusieron frente a los negocios de compraventa, sin tener en cuenta que «los perjuicios solo fueron fijados con la entrada en vigencia de la cosa juzgada de la sentencia del proceso reivindicatorio decidido el 30 de abril de 2013» (folio 22 ibidem).
Cuestionó que, de forma oficiosa, se resolviera sobre aspectos ajenos a la demanda -contratos firmados entre las partes-, sin observar que el perjuicio deprecado se suscitó de una decisión judicial, aspecto que debió ser objeto de interpretación de la demanda por parte del juzgador.
Concluyó que, «el Sentenciador siendo garante del acceso efectivo a la administración de justicia debe interpretar la demanda de manera integral consultando el verdadero sentido de los hecho y pretensiones» (folio 23 ibidem).
CONSIDERACIONES
1. El recurso de casación tiene la condición de extraordinario, en tanto no pretende una revisión del asunto en litigio, sino la defensa de la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, la unificación de la jurisprudencia, la protección de los derechos constitucionales, la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado colombiano, y la reparación del agravio inferido a las partes por la sentencia censurada, según el artículo 333 del Código General del Proceso.
Por esta naturaleza, la normatividad ha establecido que su adelantamiento exige agotar un riguroso trámite, con requisitos de imperativa observancia, sin que su desatención pueda ser consentida, salvo que la misma ley lo permita.
En punto a la demanda de casación, los artículos 344, 346 y 347 ibidem establecen un listado de requerimientos, so pena de la deserción de la impugnación o de la inadmisión del escrito de sustentación. Sobre el particular, tiene dicho esta Corporación:
[P]ara que la casación pueda alcanzar sus fines propios, para que le sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusión, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisión total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisión de la que ha sido defectuosamente aducida (Art. 373-4 C. de P.C.) (AC, 28 nov. 2012, rad. n° 2010-00089-01, reiterada en providencia 11 may. 2010, rad. n° 2004-00623-01).
En concreto, el interesado deberá formular sus reproches a través de cargos separados, «con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa» (el numeral 2 del artículo 344). Para lo cual, deberá indicar la causal esgrimida y, de argüirse la violación de normas de derecho sustancial, identificar la vía (directa o indirecta) y el error (de hecho o de derecho).
Adicionalmente, los embates deben guardar coherencia con las cuestiones de hecho y de derecho que han sido objeto de discusión, no pueden entremezclarse los motivos de casación, el dislate debe ser trascedente respecto a la decisión adoptada, así como otras exigencias que varían según la causal invocada.
Estas reglas, lejos de ser meros formalismos, tienen por finalidad facilitar la comprensión de los argumentos que se esgrimen para controvertir los soportes del fallo atacado, y evitar que la discusión se torne en una tercera instancia, pues, como lo advertía Mario Cappeletti, una vez se profiere el fallo de alzada, el mismo hace tránsito a cosa juzgada1.
2. Analizadas las censuras planteadas en el escrito de sustentación, se advierte que desconocen las reglas propias de la casación, porque no demuestran la evidente transgresión del ordenamiento jurídico y dos (2) de ellas incurren en imbricación.
2.1. Sobre el particular, el literal a) del numeral 2 del artículo 344 y el numeral 3 del artículo 346 del Código General del Proceso establecen, como principio, que los reproches deben estar orientados a develar una equivocación patente por parte del juzgador de instancia, en contravía de las normas aplicables al caso y de los intereses del recurrente.
Luego, debe rechazarse la atribución de desatinos a partir de grandes esfuerzos argumentativos o alambicados estudios, porque con este proceder lo que se evidencia es que los ataques corresponden a divergencias interpretativas, cuyo escenario de resolución es en las instancias, por requerir de una revisión integral de la controversia.
Total que los remedios extraordinarios, en tanto resquebrajan las presunciones de acierto y legalidad de la cual están investidas las providencias judiciales dictadas en segundo grado, están confinados a situaciones excepcionales, caracterizadas por la existencia de yerros indiscutibles, que claman una intervención para restablecer la juridicidad. Esta situación deberá denunciarse desde la sustentación de la impugnación, so pena que ésta no pueda ser objeto de estudio.
La anterior carga es aún más exigente en tratándose de pifias relativas a la valoración y apreciación de los instrumentos de persuasión, pues los juzgadores están investidos de autonomía e independencia judicial en la apreciación aprobatoria. Por ello es menester que los desaciertos sean groseros, en tanto pueden constatarse sin mayores reflexiones, aspecto que deberá ser relievado por el interesado.
Así lo ha señalado esta Corporación:
Al denunciar equivocaciones fácticas es necesario… hacer evidente la supuesta preterición o cercenamiento, lo que se deberá señalar de manera manifiesta, de tal suerte que haga ver que la valoración realizada por el juzgador resulta absurda, alejada de la realidad del proceso o sin ninguna justificación.
Por mandato del artículo 374 del estatuto procesal, tratándose del error de hecho, la labor del impugnante ‘no puede reducirse a una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley’ (SC, 15 jul. 2008, rad. n° 2000-00257-01; SC, 20 mar. 2013, rad. n°. 1995-00037-01; AC3336, 16 jun. 2015, rad. n° 2011-00270-01).
Esta regla, antes expresamente prevista para la equivocación de hecho en el anterior estatuto procesal (numeral 2 del artículo 368), ahora está en vigor de forma explícita para todos los motivos de casación, pues el Código General del Proceso prescribió que «[l]a Sala, aunque la demanda de casación cumpla con los requisitos formales, [pueda] inadmitirla… [c]uando no es evidente la transgresión del ordenamiento jurídico en detrimento del recurrente» (artículo 347 del). En otras palabras el legislador, en esta regla, y sin distinción del motivo de casación, establecio el requisito de la notoriedad por estar vigente de manera general.
2.2. En el expediente bajo revisión, se observa que el promotor no mostró la evidente inobservancia del ordenamiento jurídico por parte del ad quem, en contravención de la directriz antes expuesta.
En efecto, los cargos se fundaron en una falta o inadecuada apreciación de las pruebas, así como la errada interpretación del escrito inicial, por parte del Tribunal, quien ignoró el débito indemnizatorio originado en una sentencia civil, con ocasión de las maniobras de la demandada para enajenar terrenos ajenos, lo que no podía disciplinarse por las reglas del saneamiento.
Sin embargo, no es patente este desatino, pues una lectura de la demanda pone en evidencia que el promotor reclamó una responsabilidad vinculada a unos contratos de compraventa, con ocasión de la reivindicación parcial de la cosa enajenada, sin que se hayan expuesto argumentos para separarse del régimen regulatorio de la evicción.
Esto se infiere de las primeras pretensiones de su escrito inicial:
Primera: Declarar que entre la Sra. Gloria Inés Ortiz Franco y el Señor Antonio Marín Salazar, celebraron sendos contratos de Compraventa sobre un inmueble a que se contraen las escritura[s] públicas citadas en los hechos 1° [y] 2° [d]e esta [d]emanda.
Segunda: Declarar que las compraventas atrás señaladas, fueron objeto de decisión judicial en juicio reivindicatorio por el Juzgado 9 Civil del Circuito de Bucaramanga, en la que se [c]ondena a Antonio Marín Salazar a la devolución de un terreno objeto de los contratos de compraventa con la señora Ortiz Franco a sabiendas que… dicho inmueble no era suyo y objeto de manipulaciones realizadas por ella de conformidad con la [s]entencia citada, pues no era dueña del terreno que vendió.
Tercera: Declarar que por razón de la [s]entencia del Juzgado 9[°] Civil del Circuito de Bucaramanga, que claramente demuestra la conducta dolosa de la demandada, se ocasionó un perjuicio grave al Señor Antonio Marín Salazar, el que es necesario resarcir (folio 66 del cuaderno 1, resaltado fuera del texto original).
Repárese que se requirió una indemnización por la pérdida parcial del bien adquirido a través de las escrituras públicas n° 1546 de 3 de mayo de 1995 y 4695 de 23 de noviembre de 2001, de la Notaría Tercera de Bucaramanga, lo que objetivamente encaja dentro de un reclamo por evicción, sujeto a unas normas especiales en el campo civil.
Cuestionar la anterior hermenéutica, sin argumentos diferentes a que la pretensión era resarcitoria, no muestra el desacierto evidente, es decir, de bulto, en que incurrió el fallador de segunda instancia, como es imperativo para el estudio en casación.
Es que como lo muestran las pretensiones, aun cuando en la tercera de ellas se alude a la responsabilidad de la demandada con ocasión de la sentencia dictada en el juicio reivindicatorio, dicha súplica no fue elevada de forma independiente o subsidiaria, sino que se ató a las dos (2) primeras, en las que el reclamante puso de presente los contratos que celebró con la convocada.
En tal orden de ideas, no resulta protuberante la indebida interpretación que el Tribunal dio a la acción, requisito necesario para viabilizar la demanda, puesto que el entendimiento que le otorgó se fundó en una visión conjunta de todos los pedimentos principales y no de manera aislada o descontextualizada.
Sobre este aspecto el libelista ninguna exposición hizo, para mostrar, al rompe, un dislate que denote la equivocación del juez colegiado, presupuesto indispensable para habilitar la admisión de su sustentación.
2.3. Para abundar en razones, se tiene que los reproches carecen de la justificación necesaria para develar cual fue la violación de las normas de derecho sustancial, en tanto el promotor se limitó a enlistar unas disposiciones sin precisar la forma en que fueron desatendidas.
Tiene por admitido esta Corporación que «no basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredió» (CSJ, AC7705, 11 nov. 2016, rad. n° 2012-00367-012). En concreto, «es indispensable atacar la providencia… por cuanto no se aplicó la regla en la que -se considera- debía subsumirse la controversia… y también en razón de haberse recurrido en forma impertinente a la que se empleó en lugar de la primera» (CSJ, AC, 17 feb. 2014, rad. n° 2008-01311-01, reiterada AC2186, 3 ab. 2017, rad. n° 2006-00316-01).
De no satisfacerse esta carga, el ataque está condenado al fracaso, pues tal deficiencia no puede ser corregida por esta Corte, en aplicación del principio dispositivo que rige el instrumento excepcional.
Esto fue lo que sucedió en el caso, porque el promotor citó como conculcados 15 cánones del Código Civil, y 9 del Código General del Proceso, muchos de los cuales carecen de condición de normas de derecho sustancial, sin explicar cómo se vulneraron, y su relevancia para el caso.
Verbi gracia, no preciso la obligación convencional incumplida o cumplida tardíamente, que permitiera dar aplicación al artículo 1613 del estatuto privado. Tampoco explico cómo se conculcaron las reglas que regulan la mora (artículo 1615), el dolo del deudor (artículo 1616), o la indemnización frente a obligaciones dinerarias (artículo 1617), todas citadas como pretermitidas.
Lo mismo sucede con los preceptos 1893, 1894, 1895, 1896, 1898, 1899, 1900, 1902, 1903 y 1904 de igual codificación, pues descuella por su orfandad una ilustración sobre su inaplicación al caso, máxime cuando el Tribunal ni siquiera hizo mención de algunos de ellos por ser extraños al litigio, como sucede con la renuncia al saneamiento, los efectos de allanamiento del vendedor en el proceso judicial, la cesación de la garantía por sometimiento a proceso arbitral, entre otros.
Así las cosas, los ataques carecen de razonamientos que permitan encadenar los dislates con las normas supuestamente violentadas, en orden a derruir el basamento de la providencia impugnada y mostrar la trascendencia de las equivocaciones, por lo que se impone su rechazo.
2.4. En adición, en los embistes segundo y tercero se reprochó que al Tribunal que declara probada la excepción de caducidad de la acción de saneamiento por evicción (folios 20 y 22 del cuaderno Corte).
No obstante, tal alegación desatiente el contenido literal de la providencia, por cuanto dicho órgano judicial se abstuvo de referirse a las defensas de la demandada, por encontrar que era «inane cualquier consideración» sobre las mismas, al haberse configurado una causal de cesación del saneamiento (minutos 12:42 a 12:49 del Cd audiencia de sustentación y fallo).
Estas acusaciones, entonces, se tornan desenfocadas, por estar dirigidas a cuestiones ajenas al fallo atacado, que conducen a su inadmisión.
Sobre la materia ha dicho esta Sala:
[E]s de rigor para quien acude a este mecanismo de defensa orientar acertadamente sus críticas, lo que implica que debe atacar las razones, sean jurídicas o fácticas, de la sentencia cuestionada.
De allí que si para tales efectos son aducidas consideraciones ajenas a tal decisión, por una incorrecta o incompleta asunción de lo realmente plasmado en ella, la recriminación no deba ser admitida, por no estar dirigida hacia los pilares de la providencia del ad-quem (AC1555, 13, mar. 2017, rad. n° 2011-00195-01).
Los dos (2) últimos reproches, en consecuencia, no fueron planteados técnicamente.
2.5. Por último, en los cargos inicial y último hubo mixtura de yerros, falencia que se une a las anteriores para justificar su inadmisión.
Y es que los embistes deben plantearse de forma separada, según lo prescrito en el numeral 2 del artículo 344 del Código General del Proceso, por lo que se excluye cualquier forma de combinación de motivos o errores, los cuales son incompatibles entre sí, por cuestionar aspectos precisos y diferentes de la decisión.
Esta es la posición reiterada de la Corte:
Los diferentes reproches que se tengan respecto de la sentencia impugnada, debe proponerlos el recurrente en cargos separados, caracterizados por ser autónomos e individuales, lo que igualmente se infiere del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, premisas que le impiden entremezclar acusaciones de diferente naturaleza o confundir, al interior de una, el error de hecho con el de derecho (AC6341, 21 oct. 2014, rad. n° 2007-00145-01).
Sobre la distinción entre el error de facto y el de iure, la jurisprudencia ha sostenido que mientras el primero se configura por ‘la omisión o la suposición de una prueba’, el segundo parte de la base de que ‘la prueba fue exacta y objetivamente apreciada, pero que, al valorarla, el juzgador infringió las normas legales que reglamentan tanto su producción como su eficacia’ (AC6588, 27 oct. 2014, rad. n° 2007-00436-01, reitera precedente SC, 19 oct. 2000, rad. n° 5442).
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, resuelve declarar inadmisible la demanda de casación presentada por Antonio Marín Salazar dentro del proceso de la referencia.
1 La Oralidad y las Pruebas en el proceso Civil, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aíres, 1972, p. 382.
2 En igual sentido AC7879-2014, rad. n° 2008-00267-01; AC 6828-2014, rad. n° 2009-00051-01; AC3493-2014, rad. n° 2003-00122-01; AC5525-2015, rad. n° 2008-00681-01; entre muchas otras.
3 Cfr. CSJ, AC2520, 24 ab. 2017, rad. n° 2009-00055-01; AC1555, 13 mar. 2017, rad. n° 2011-00195-01; AC7249, 25 oct. 2016, rad. n° 2013-00067-01.